Radio avión presenta fragmentos de la publicación LA IDEA ES PERSEGUIRLOS (Aidesep, Conacami, Paz y Esperanza, y Oxfam, marzo 2010). Informe que denuncia la situación que atraviesan las comunidades nativas y andinas en el Perú, en relación a su lucha frente al actual gobierno que propone la explotación indiscriminada de los recursos naturales y de sus territorios y la violación de los derechos colectivos. La publicación contiene los testimonios de doce dirigentes y se exponen algunos de los casos de explotación minera o petrolera por empresas trasnacionales. Se crítica y cuestiona la política del gobierno actual que criminaliza la protesta y prioriza los intereses económicos sobre los sociales y culturales, promoviendo la explotación desmedida y perjudicial de los recursos naturales.
Es necesario que todos estemos informados, algunas preguntas voladoras:
¿Es posible que un pueblo no tenga derecho a protestar?
¿Acaso ello no indica que el diálogo está cortado de raíz?
Si no hay posibilidad de apropiarse de los espacios públicos para pronunciarse, ¿cómo nos haremos escuchar?
¿Acaso el autoritarismo no es la imposición de una sola voz, en consecuencia, de un solo punto de vista?
¿Qué idea de desarrollo queremos, construimos y promovemos como sociedad, como colectivo?
Recordemos Bagua en 2009.
Recordemos la persistencia, valentía y triunfo del pueblo de Tambogrande, que logró que la minería no se imponga sobre sus campos de frutas deliciosas que abastecen al Perú y a varios lugares del mundo.
¡viva el limón!
“El Poder Ejecutivo realizó, entre los años 2006 y 2007, modificaciones al Código Penal bajo el argumento de “mantener la paz, la seguridad pública y el orden constitucional”. Así tenemos que las protestas en nuestro país pasaron a ser castigadas como el delito de extorsión. Las condenas fueron aumentadas para quienes cometen disturbios y se aumentó la pena para el delito de apología, de cuatro a seis años de pena privativa de la libertad como máximo. (…)
La emisión del tristemente célebre Decreto Legislativo N° 982 coronó las medidas adoptadas para frenar y acallar las protestas sociales. Esta norma determina que ningún miembro de la Policía y las Fuerzas Armadas puede ser enjuiciado por cometer lesiones o muertes durante el cumplimiento de su deber. (…)
Además, se reglamentó la militarización de los conflictos sociales, facultando a las fuerzas armadas a intervenir en el resguardo del orden público, cuando la Constitución señala que esa es una labor de la Policía Nacional. (…)
El año 2008 el gobierno emitió un paquete de decretos legislativos que modificaron el uso de las tierras comunales y aprobó, además, el proyecto de Ley de la Selva sin que haya sido debatido en el Congreso y sin haberle consultado a las comunidades indígenas, vulnerando además el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (…)
Actualmente existen casi dos mil dirigentes sociales enjuiciados por manifestarse en defensa de la naturaleza, la tierra y los derechos de las comunidades y contra la invasión de sus tierras por parte de empresas trasnacionales que cuentan con el aval del gobierno. Pese a esto, los hechos vienen demostrando que, en lugar de intimidar a los dirigentes, las normas represivas han conseguido que ellos refuercen sus objetivos y que los pueblos de costa, sierra y selva se comprometan más con la continuidad de su forma de vida cotidiana, su propiedad y preservación del legado histórico de sus ancestros con el compromiso de transmitirlo a sus futuras generaciones.”
www.aidesep.org.pe / www.conacami.org
Pueden bajar el documento en la página de conacami, en la sección documentos de interés.
